Se las conoce como las Big Green (gigantes verdes) y aunque en sus principios se declaran conservacionistas, estas verdaderas transnacionales de la ecología llegan a acuerdos con empresas y gobiernos para dar “sello verde” a actividades que siguen siendo depredadoras. Conceptos como “bonos de carbono”, “capitalismo verde”, “mecanismos de desarrollo limpio” e incluso “desarrollo sustentable”, tienen como fin último de que todo siga igual.
Patricio Segura Ortiz, 2017-10-25
Son las preferidas por el gobierno y los grandes empresarios a la hora de impulsar procesos de diálogo y certificación productiva, tanto nacionales como locales. Varias de ellas son [expander_maker id=»4″ more=»Leer más» less=»Read less»] filiales de organizaciones internacionales y se mueven, indistintamente, como actores de la sociedad civil (ONGs) o consultoras.
A nivel global se les conoce como las Big Green (“Gigantes Verdes”), en Chile, las más conocidas son Greenpeace y World Wildlife Fund (WWF). Algunos autores incluyen entre ellas también a Oceana.
Son trasnacionales del medioambiente que han librado fundamentales batallas para detener la carrera nuclear, salvar especies en peligro de extinción, proteger los océanos o conservar grandes áreas prístinas del planeta. Como movimiento han catalizado, además, cierto cambio cultural en la relación del mundo occidental industrial con los ecosistemas, que en algún recodo del camino perdió la brújula que sí tuvieron (y tienen) muchos pueblos originarios que reconocen la magia, belleza y dependencia humana de los ciclos de la naturaleza.
A pesar de estos esfuerzos y del necesario reconocimiento, algunas Big Green no siempre han estado dispuestas a enfrentar las profundas causas de los problemas socioambientales y más bien se han concentrado en sus efectos. Y en este derrotero han abrazado, algunas de ellas, propuestas de solución enmarcadas en los principios del modelo global industrial neoliberal.
En su libro Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima, la investigadora canadiense Naomi Klein lo manifiesta. Relata la existencia de organizaciones de Estados Unidos que se enfocan en el conservacionismo de ciertas especies o territorios sin cuestionar un ápice que la degradación ecosistémica (incluido el cambio climático) se basa en un modo de vida sustentado en el crecimiento económico y el consumismo. “Creo que las organizaciones que forman parte de las Big Green han sido más dañinas que los negacionistas (del calentamiento global) de derecha, en términos de todo el terreno que hemos perdido”, señaló la periodista hace algunos años a The Guardian.
“El Grupo de los Diez” (también conocidos como la Banda Verde) muestra hoy toda la intensidad de un cartel de seguros… Las políticas ambientales hoy son manejadas por un eje de acrónimos: EDF, NRDC, WWF. Grupos sin un sistema de votación por parte de sus miembros y escasa responsabilidad con relación al amplio movimiento ambiental. Son los indiscutidos mandarines de las soluciones tecnológicas y la lógica del lobby, que nos legaron los oxímoron de nuestro tiempo: “bonos de carbono”, “humedales artificiales”, “desarrollo sustentable”. En su espacio relativista, todo puede ser negociado o transado. Para ellos, los remanentes de los ecosistemas originarios de nuestras tierras fiscales son divisibles hasta el infinito y cada pérdida puede ser promocionada como una gran victoria en sus afiches de propaganda para reunir fondos”, explica el activista estadounidense Jeffrey St. Clair.
Cualquier ONG que esté disponible para hacer alianzas y recibir recursos de quienes tienen parte de la responsabilidad en la crisis socioambiental actual, pero no para cuestionar públicamente sus acciones, simplemente se estará prestando para un lavado de imagen.
Uno de los dilemas al que apunta St. Clair no es menor ni nuevo. Porque tener espacios completamente democráticos no aseguran responsabilidad socioambiental, al ser posible contar con un sistema altamente participativo y, entre todos, decidir destruir los ecosistemas y sus especies. Y, al contrario, la protección de la naturaleza desde una mirada autoritaria y sin participación puede derivar en el ecofascismo. Esto, el choque entre dos principios aspirables, es lo que se llama en jerga legal colisión de derechos y es un debate aún abierto no solo a nivel global sino también nacional, por la necesaria accountability de todos los movimientos sociales, entre ellos el ambiental, por tanto, es un clivaje a considerar.
En Chile…
Luego de las grandes batallas socioambientales que se han dado en nuestro país en contra de mega proyectos mineros, industriales y energéticos, desde el Estado se avanzó en una estrategia para hacer más aceptables entre la ciudadanía ciertas políticas extractivistas, convencerle que estas eran compatibles con un país responsable ambientalmente. Aunque el sentido común dice que la mejor opción es cambiar las prácticas consumistas y depredadoras, en las cuales se sustenta el modelo de desarrollo nacional, buena parte del gobierno y empresariado piensa distinto.
Para una parte del establishment no es el sistema de crecimiento económico ad infinitum ni la intervención de los ecosistemas pensando en un planeta sin límites, lo que es preciso modificar. Son las soluciones tecnológicas y de comportamiento que no pongan en entredicho el axioma de producción y consumo permanente y en aumento. En esa línea se enmarca la propuesta “full electric”, que tiende a la electrificación completa de la matriz sin mayor discusión sobre ahorro, un modelo menos intensivo en uso de energía, producción de base menos impactante socioambientalmente y redistribución de la riqueza energética. En sus extremos, la naturaleza solo como una despensa o, luego del proceso productivo, como un vertedero.
El problema es cuál de las organizaciones ambientales está disponible para entrar en un proceso de diálogo -en alianza con gobiernos y empresas- que no cuestione el paradigma social y económico vigente. Tal disyuntiva es la puerta de entrada para algunas de las Big Green. Y también para algunas ONGs nacionales.
WWF y The Nature Conservancy
Un buen ejemplo del rol que cumplen en Chile las trasnacionales verdes de las que habla Klein, se ha dado en la discusión sobre el uso del agua para generación eléctrica. En esta el vicepresidente de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, ha planteado su muy positiva visión sobre algunas: “Hay ONGs muy importantes, como The Nature Conservancy o World Wildlife Fund (WWF), que apoyan desarrollo hidroeléctrico sustentable en todas las escalas”, ha señalado en su cuenta de twitter a propósito de esta materia. Similar a lo expresado por el ex ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco, al referirse a los mega proyectos de represas en Aysén: “Me alegran las declaraciones de Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, la mayor conservacionista del mundo, que claramente menciona que no podemos decir no a todo y no se cierra a la idea de construir centrales hidroeléctricas”.
Esta visión es coherente con la participación de ambas ONGs, junto a la Wildlife Conservation Society y las chilenas Casa de la Paz y Corporación de Desarrollo Mapuche Lonko Kilapang, en la Mesa Participativa de Hidroelectricidad Sustentable. Las principales organizaciones ambientales chilenas como Chile Sustentable, Terram y Ecosistemas, no estuvieron disponibles para integrar dicho espacio.
“Eso es lo que a ciertos conglomerados empresariales y personas les sirve… que prefieren referirse a estos grupos (las ONGs extranjeras y nacionales con las cuales pueden actuar en conjunto) como los ‘razonables’, aislando y radicalizando así a los más pequeños, cuyas posturas son de rechazo a ciertos proyectos”, indica una profesional que ha trabajado para varias organizaciones internacionales conservacionistas.
Pero el mundo de la energía no es el único donde se dan estas controversiales alianzas que permiten a gobiernos y empresas avanzar en sus objetivos, que para muchos sigue siendo de corte extractivista, que es a lo que aluden las organizaciones nacionales que no han aceptado sumarse a determinados espacios.
Recordemos la discusión a raíz de la prórroga por tres años del acuerdo de cooperación entre, nuevamente, WWF y la pesquera Los Fiordos, que permitió a esta empresa obtener el sello internacional ASC (Aquaculture Stewardship Council) en más del 50% de sus centros de cultivo. “Gracias a los avances de una empresa como Los Fiordos, podemos celebrar el hecho que 44 centros, equivalentes a 167.351 toneladas de salmones, cuenten actualmente con la certificación ASC en Chile. Ahora, con un nuevo acuerdo, vamos a profundizar en la certificación y levantar también otros temas como antibióticos, producción de smolts fuera de los lagos y la incorporación de orientaciones y herramientas para las empresas salmoneras en su relacionamiento responsable con comunidades”, señaló Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, al hacer público el acuerdo.
Los Fiordos es la filial salmonera de Agrosuper, empresa altamente cuestionada a nivel nacional por sus prácticas ambientales en la industria agroalimentaria, que incluso en 2012 llevó a un grave conflicto con la comunidad local de Freirina que se rebeló contra su planta de cerdos, la cual, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vulneró su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La pregunta obvia es cómo una organización ambientalista, preocupada por la protección de la vida silvestre, valida una actividad que por lo menos en Chile ha generado importantes daños a la biodiversidad marina. Y más aún a una empresa con graves incumplimientos ambientales: en 2015 la Superintendencia del Medio Ambiente multó a Los Fiordos con 4.143 Unidades Tributarias Mensuales por incumplir la normativa en 18 centros de cultivo ubicados en las cercanías del canal Puyuhuapi, en la Región de Aysén. Y ya hace una década tenían fuertes conflictos con las comunidades locales producto de no hacerse cargo de sus desechos. Algo que en la Patagonia conocemos muy bien.
Esta línea de acción no es aislada. Es similar a la que la misma entidad impulsa en el país mediante el sello FSC (Forest Stewardship Council), al cual en 2014 había accedido un 70 % de los monocultivosde pino y eucaliptus, actividad productiva bastante alejada de lo que uno puede entender por responsabilidad ambiental y aporte a la biodiversidad. Lo paradójico es que a nivel global, Greenpeace también apoya este tipo de certificación, aunque desde esta organización señalan: “Hemos sido bastante críticos de la implementación de criterios y dichos reclamos han sido manifiestos en este sentido. Es un debate abierto y las revisiones sobre la utilidad de los estándares FSC son hoy amplios y diversos”.
The Nature Conservancy es todo un caso
Hasta octubre de 2016 su director ejecutivo en Chile fue Leonel Sierralta. El experto en ecología forestal tiene un amplio currículum, desempeñándose indistintamente para la empresa privada y las consultorías ambientales. En sus inicios trabajó para Shell en su área forestal, de la que luego pasó a la Comisión Nacional del Medio Ambiente a mediados de los ‘90. De allí saltó a Gestión Ambiental Consultores (GAC), de Ricardo Katz, por donde han pasado diversos actores públicos que han colaborado con la materialización de controversiales proyectos: la ex ministra de Medio Ambiente de Sebastián Piñera, María Ignacia Benítez, y quien fuera su mano derecha en el Departamento de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Ignacio Toro. Por esa misma época Sierralta dejó GAC para ingresar al gobierno –bajo las órdenes de Benítez- como jefe del Departamento de Recursos Naturales.
Terminada la administración de Sebastián Piñera asumió como director científico de Iniciativas Sustentables para la Minería (ISUM), cargo desde el que argumentó a favor del proyecto de ley que permitiría la disposición de relaves mineros al mar. “Es importante mencionar que existen experiencias internacionales de depositación de residuos mineros en el mar desde hace varios años… Hay, y se estudian, descargas al mar a grandes profundidades y que han sido autorizadas en países desarrollados con protocolos de evaluación ambiental exigentes y basados en ciencia”, planteó Sierralta en septiembre de 2015 en una carta al director del Diario Antofagasta defendiendo la cuestionada propuesta de la industria extractiva.
Fueron varios los expertos y políticos que alertaron sobre el riesgo de esta posibilidad. Previamente, los senadores Antonio Horvath, Alejandro Guillier, Adriana Muñoz, Baldo Prokurika y Lily Pérez, habían patrocinado un proyecto de autoría de Oceana que buscaba prohibir esta acción. Y al respecto el presidente del Departamento de Medioambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchin, recordó lo ocurrido en los 50 en Bahía de Minamata, Japón. “Allí botaban mercurio supuestamente inorgánico y en cantidades muy pequeñas. Pero el fitoplancton transformó ese mercurio a orgánico, que fue ingerido por el zooplancton. Eso hizo que cada vez un animal de mayor tamaño fuera consumiendo alimento contaminado (…). La gente comenzó a consumir peces contaminados y empezaron a nacer niños con malformaciones fetales, deficiencias intelectuales y otras”.
Fue desde esta bien poco ecologista institución que Sierralta fue reclutado por The Nature Conservancy (TNC) en mayo de 2016, donde estuvo solo cuatro meses, para luego asumir en noviembre del 2017 como gerente de Sustentabilidad y Medio Ambiente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC, del Grupo Matte). Un tránsito no muy extraño, considerando que en Chile participar en ONGs ambientales que no cuestionen la estructura productiva dominante no es visto como un problema para un gran empresariado muchas veces responsable de conflictos ambientales de diversa índole.
De esta forma pierde fuerza la oposición de las ONGs nacionales y de las propias comunidades de los territorios, que viven en carne propia procesos sin participación ciudadana real. De esta forma se validan intervenciones con múltiples impactos socioambientales locales. La máxima pareciera ser que si se cuenta con la venia de una multinacional verde, todo estaría bien.
Una de las últimas muestras fue cuando en diciembre de 2015 la abogada ambientalista Macarena Soler de Geute y la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, renunciaron a su participación en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por la excesiva representación en esta de los sectores productivos. Solo se mantuvo, por el mundo ambiental, Ricardo Bosshard de WWF.
Cambio climático y Patagonia
Temas de moda hoy son el cambio climático y Patagonia. Así lo entienden ciertas organizaciones que, a través de iniciativas que no se dirigen al fondo del problema, tienen amplia tribuna en los medios de comunicación del establishment.
Ahí están, nuevamente, The Nature Conservancy y World Wildlife Fund luchando contra el calentamiento global, pero legitimando la construcción de represas que destruyen cuencas, a través de su participación en el Foro de Evaluación de Sustentabilidad de la Hidroelectricidad, que impulsa un conglomerado de corporaciones hidroeléctricas y donde comparten asiento con los gobiernos de Noruega, Islandia y Alemania, además del Banco Mundial.
En un informe del propio Ministerio de Energía chileno sobre estándares internacionales de sustentabilidad para la hidroelectricidad se consigna que la principal debilidad del protocolo nacido de este foro es que “no contaría con suficiente legitimidad y transparencia como para generar las confianzas necesarias para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Sería básicamente una iniciativa ‘impuesta desde afuera’. Debe recordarse que esta metodología surge y es apoyada desde la industria hidroeléctrica; si bien dos ONGs ambientales internacionales le dan su apoyo (WWF y TNC), también hay otras que la han criticado en fuertes términos”.
También está TNC validando los bonos de carbono, que en la práctica profundizan el modelo que mercantiliza los bienes comunes y son una forma de pagar por contaminar. Esta figura, nacida del Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático de 1997, ha sido fuertemente cuestionada a nivel global por su tendencia a poner precio a la naturaleza y permitir que, a través de intrincadas figuras nacidas de la ciencia económica, se continúe usando la biósfera como un basural de gases de efecto invernadero.
Reflexiones finales
Pagar por contaminar o aplicar políticas de responsabilidad social empresarial con tintes verdes sin cambios de fondo suenan demasiado parecido a las indulgencias comercializadas por la Iglesia Católica en la Edad Media, donde los más acaudalados, responsables de la pobreza de su pueblo, se eximían con dinero de las penas sin cambiar un ápice sus cuestionables conductas.
Por ello, cualquier ONG que esté disponible para hacer alianzas y recibir recursos de quienes tienen parte de la responsabilidad en la crisis socioambiental actual, pero no para cuestionar públicamente sus acciones, simplemente se estará prestando para un lavado de imagen. Algo que profundiza la crisis de confianza de las comunidades hacia estas salvadoras organizaciones tan disponibles para trabajar junto a quienes son parte del problema más que de la solución.
Resumen de un artículo aparecido originalmente en Ciper Chile y reproducido con autorización del autor.
 Patricio Segura es periodista, columnista de diversos medios nacionales y extranjeros. Segundo vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile y presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Actualmente integra la Comisión Regional de Desarrollo Energético de Aysén. |
