Un acuerdo de libre comercio que se negoció junto a otros 11 países y de espaldas a la ciudadanía amenaza la soberanía chilena en varios temas, siendo uno de ellos el medio ambiente. Si se ratifica, el TPP no sólo podría afectar áreas como la salud, el salario mínimo y la propiedad intelectual, sino que también tendría una fuerte incidencia en la soberanía alimentaria de nuestro país y en la calidad de los alimentos que consumimos diariamente.
Alejandra Vidal De la Cerda, 2016-01-25; actualizado 2019-03-20
Desde el 2010 que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP (por las siglas en inglés de Trans-Pacific Partnership) ha sido discutido por los Gobiernos de 11 países –entre ellos Chile- en la búsqueda de generar condiciones que estimulen el comercio.
Durante todos estos años de negociaciones se mantuvo absoluto secreto sobre sus detalles, pese a que se acusa que las grandes empresas y multinacionales sí habrían conocido las condiciones de este acuerdo, básicamente para influenciar en su contenido y evitar que las normativas legales los perjudiquen en su quehacer y en sus utilidades.
Y si bien se argumenta que el TPP estimularía la economía, revirtiendo la desaceleración mundial, en la práctica los mayores beneficiados serían las grandes empresas que se encuentran en los países que suscribieron este acuerdo, ya que en síntesis el TPP bajaría las barreras comerciales entre sus miembros permitiendo, entre otras cosas, que las compañías o multinacionales puedan recurrir a otras entidades jurisdiccionales que estarían por sobre las mismas leyes y regulaciones de las naciones involucradas, dejándolas sin soberanía en algunas materias.
“Este tratado es “innecesario” para Chile, dado que nuestro país ya posee acuerdos con todos los países que participan del TPP.”
Por ejemplo, ante un eventual aumento del salario mínimo, las multinacionales podrían oponerse ya que sus utilidades se verían mermadas. Pero no tan sólo eso, además podrían llegar a pedir una compensación al Estado.
En la actualidad, y tras haber sido firmado el pasado 5 de octubre por Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú, Vietnam, Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda, los textos y acuerdos del TPP se encuentran listos para ser ratificados antes del 4 de febrero de 2018, fecha límite para la validación de este tratado que tiene en señal de alarma por su contenido a la sociedad en general, sobre todo si consideramos que los 11 países que componen este acuerdo aportan casi el 40% del PIB nominal mundial.
Alcances medioambientales del TPP: Seguridad y soberanía alimenticia en jaque
El TPP, que consta de 30 capítulos y que fue dado a conocer recién el pasado 4 de noviembre, sentaría las bases para el comercio electrónico, servicios financieros, derechos de propiedad intelectual, medicina, salud y medio ambiente, entre otras materias, lo que tiene inquietos no sólo a los políticos, miembros de organizaciones sociales y a la ciudadanía de nuestro país, sino que también a personas de todo el mundo.
Para Philip Jennings, Secretario General de UNI Global Union (Unión Global), organización con base en Suiza que representa a 20 millones de trabajadores de más de 900 sindicatos del mundo, el texto “es peor de lo que se esperaba y sería un atentado contra la democracia, la regulación financiera, los derechos laborales, la salud pública y la protección medioambiental”. A esto agrega que sus preocupaciones están relacionadas específicamente con los nuevos tribunales, en donde cortes privadas pueden demandar a los Gobiernos por pérdidas causadas frente a cambios de la legislación.
Similar opinión mantiene el economista y premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, quien señaló para el diario canadiense “The Vancouver Sun” que el TPP podría acarrear consecuencias negativas para los ciudadanos de los países firmantes, mientras que las empresas multinacionales, incluidas las grandes farmacéuticas, se beneficiarán. Para Stiglitz el tratado “se desmarca de las regulaciones sobre el medioambiente, la seguridad, la economía, la salud” y los consumidores son los que pierden en esta situación.
“Este tratado bajaría la normativa en seguridad alimenticia, ya que el capítulo 7 sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias apela a una resolución basada en “la evidencia científica documentada y objetiva”, quedando estas eventuales disputas en manos de un árbitro, o simplemente en manos de nadie, cuando no exista “suficiente evidencia” sobre la materia..”
En Chile, en tanto, han surgido en contra de este tratado organizaciones como “Chile mejor sin TPP” y “TPP Abierto”. La primera de ellas está conformada por más de 50 organizaciones sociales y más de 40 políticos y ciudadanos, declarando abiertamente que rechazan la firma de este tratado por parte del Estado de Chile, ya que se negoció a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del Parlamento. “Chile ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los países miembros de este nuevo pacto, por lo tanto, el TPP generaría nulos o mínimos beneficios comerciales e impondría nuevas normas y regulaciones que restringirían la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que se implementen en el país”, argumenta la organización.
Otras de las voces que se han alzado en contra de este tratado de libre comercio es la del Diputado Gabriel Boric, quien explica que está en contra del TPP en primer lugar porque “decisiones así de importantes no pueden darse a espaldas de los chilenos y chilenas, menos aun cuando tiene consecuencias gravísimas no sólo para nuestro país, sino para todo el continente”. De igual forma, argumenta que el TPP es un tratado que sigue en la lógica de una economía de extracción y que “hay consecuencias geopolíticas al establecer alianzas con EEUU y el Asia-Pacifico –sin China-, en desmedro de las posibles alianzas con los países latinoamericanos”.
Pero, ¿qué ocurre específicamente con el medio ambiente?
Al respecto el comentarista internacional James Corbett explica en The International Forecaster (El pronosticador internacional), que este tratado bajaría la normativa en seguridad alimenticia, ya que el capítulo 7 sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias apela a una resolución basada en “la evidencia científica documentada y objetiva”, quedando estas eventuales disputas en manos de un árbitro, o simplemente en manos de nadie, cuando no exista “suficiente evidencia” sobre la materia.
“El TPP impactaría sin duda en la calidad y procedencias de lo que comemos, ya que las barreras de entrada para los alimentos transgénicos y con altos niveles de pesticidas bajarían.”
A modo de ejemplo, Corbett plantea que si un país como Japón quiere mantener estrictos controles sobre las importaciones de alimentos modificados genéticamente, “el acuerdo permitiría a los exportadores impugnar cualquier decisión”, agregando que la “ciencia disponible” ha sido “fuertemente sesgada por la influencia corporativa de las empresas de biotecnología, siendo perfectamente posible que este capítulo permita la apertura de toda la región a los alimentos transgénicos”.
El asunto podría empeorar, ya que si un exportador cree que sus productos están siendo bloqueados, y los árbitros consideran que no hay evidencia suficiente se podría demandar. “Una vez más, esto no es una preocupación teórica. El año pasado, Monsanto y Dow se unieron para demandar a Maui para la colocación de una moratoria sobre el cultivo de alimentos transgénicos en la isla”, argumenta Corbett.
Por ello, quienes se han preocupado del impacto del TPP en materia medioambiental señalan que sus consecuencias más graves están ligadas a la soberanía y a la seguridad alimenticia, básicamente porque el TPP obligaría a que sus países miembros se suscribiesen al Convenio UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), el cual en resumidas cuentas busca que el uso de una variedad vegetal esté controlado por quien cuente con el derecho de obtención, dejando el dominio de la agricultura en las manos de algunos e imposibilitados a otros –normalmente campesinos, comunidades locales y pueblos indígenas- de producir esas variedades de semillas.
Además, el TPP impactaría sin duda en la calidad y procedencias de lo que comemos, ya que las barreras de entrada para los alimentos transgénicos y con altos niveles de pesticidas bajarían.
Al respecto María Isabel Manzur, Investigadora en Biodiversidad y Recursos Genéticos de Chile Sustentable, explica primero que este tratado es “innecesario” para Chile, dado que nuestro país ya posee acuerdos con todos los países que participan del TPP. Como segundo punto también crítica los nuevos tribunales internacionales debido al derecho que tendrán de enjuiciar las leyes de los países que son contrarias a sus intereses. “Por ejemplo, si se aprueban mayores regulaciones sobre medio ambiente, transgénicos, salud o la economía, existe la posibilidad que el país sea demandado por las compañías”, explica.
Sobre el impacto del TPP en relación al registro de patentes y plantas, Manzur considera que “van a obligar a Chile a implementar un tratado llamado UPOV 91, que da mayores poderes a las semilleras para cobrar regalías sobre las semillas. Esto perjudica la agricultura pues encarece las semillas e impide a los agricultores usarlas para el siguiente año”.
“Van a obligar a Chile a implementar un tratado llamado UPOV 91, conocido popularmente como “Ley Monsanto”, que da mayores poderes a las semilleras para cobrar regalías sobre las semillas. Esto perjudica la agricultura pues encarece las semillas e impide a los agricultores usarlas para el siguiente año”.
En materia de soberanía alimentaria, plantea que el tratado involucra aspectos referentes a las importaciones de alimentos, donde “hay países que tienen regulaciones sobre la calidad de los alimentos que importan y de los impactos ambientales que su producción causa, como por ejemplo que contengan pesticidas en exceso o sean transgénicos. Si el TPP considera estas regulaciones una obstrucción al comercio, podría abrir las puertas a la entrada de alimentos de dudosa calidad, incluso tóxicos, al prohibir la discriminación de alimentos de baja calidad. También podría eliminar el etiquetado del alimento del país de origen incluido el etiquetado de transgénicos”.
Javiera Espinoza Valencia, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Terram y Geógrafa de la PUC, señala que “el TPP pone en jaque la evidente crisis ambiental versus el mercado que no tiene reglas de extracción y manejo para los recursos naturales o los impactos que tiene el comercio en los territorios. Estamos hablando de un tema fundamental que es la soberanía de cada nación. Que las patentes de las semillas o el material genético que se encuentra en distintos países estén en manos de corporaciones transnacionales y no del propio Estado es un tema bien complejo, más aún cuando hablamos de que cada país tenga la capacidad de producir especies que le son autóctonas o incluso endémicas”.
Similar opinión mantiene el Diputado Gabriel Boric, quien apunta a que “este tipo de tratados, en general, tienen un impacto grave en el medioambiente, toda vez que profundizan una economía de extracción. Además de eso, este tratado en particular tiene un capítulo sobre medioambiente sumamente vago, sin obligaciones específicas respecto del medio ambiente. De hecho se permite a los países regular como considere apropiado el nivel de protección del medio ambiente. Hay algunas regulaciones específicas con respecto a la pesca que también hacen dudar de las implicancias de este tratado”.
Sobre la soberanía y seguridad alimentaria, y cómo el TPP podría afectar el derecho de cada país a elegir sus políticas agrarias y de alimentación, Boric considera que “el TPP restringiría la información que los gobiernos pueden exigir en el etiquetado de alimentos. Por ejemplo, prohibir que se obligue a expresar las cantidades de cada ingrediente, lo que claramente perjudica la opción de las personas de elegir alimentos más saludables”.
Expuestos estos antecedentes se puede comprender por qué el TPP acarrea tanta oposición, dejando abierto el debate sobre cómo seguir creciendo sin recurrir a políticas y acuerdos que pasen a llevar temas tan delicados como la soberanía en derechos sociales, salud y medio ambiente. Debate necesario y para nada nuevo, donde una vez más los intereses de algunos pocos se ante ponen a los derechos y seguridad de la población en general.